La inexistencia de acuerdos que permitan la investidura de un nuevo Presidente del Gobierno ha revitalizado las dudas en torno a qué hacer en la hipótesis de que ningún representante político acepte la candidatura que al Rey Felipe VI le corresponde otorgar. Idénticas dudas surgen en el supuesto de que, tras las consultas con los líderes de los diferentes grupos con representación parlamentaria, el Jefe del Estado decida no proponer candidato alguno.

El debate quedó enterrado la pasada legislatura cuando Pedro Sánchez decidió, tras la negativa de Rajoy, aceptar el encargo del Rey y presentarse a un debate de investidura. Tras celebrarse la oportuna primera votación, la cuenta atrás de dos meses que señala el artículo 99 de la Constitución fue puesta en marcha. Y nos olvidamos del asunto.

Pero lo cierto es que antes de que el representante socialista diera el paso ya habían surgido algunas voces que consideraban posible disolver las Cortes Generales en ausencia de un candidato que activara el reloj. Ninguna tesis fue especialmente concreta, pero todas pasaban por aplicar la opinión vertida por el Consejo de Estado en el año 2003 sobre el proceso de investidura de Presidente de la Comunidad de Madrid. El propio Gobierno en funciones llegó a defender este precedente como aplicable al caso que nos ocupa.

La persistencia, al menos por ahora, del bloqueo institucional tras las elecciones del 26J ha generado el rescate de estas teorías. Debemos reflexionar, pues, sobre si el precedente de la Comunidad de Madrid sirve o no para solventar el problema actual a escala nacional.

La normativa aplicable al caso madrileño es bien similar a la del proceso de investidura de Presidente del Gobierno: su Estatuto prevé que, tras las elecciones o en los demás casos de vacante de la Presidencia regional, es el Presidente de la Asamblea el que propone a ésta un candidato tras consultar con los representantes de los grupos con presencia parlamentaria. En el caso de que transcurran dos meses tras una primera votación de investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza de la Cámara, ésta queda disuelta y se convocan nuevas elecciones. Al igual que el artículo 99 de la Constitución, nada se dice sobre cómo actuar cuando el Presidente de la Asamblea no está en condiciones de presentar un candidato.

A colmar esta laguna vino el Consejo de Estado con su famoso informe. En él se dijo, en efecto, que “el intento frustrado de formalizar la propuesta de un candidato equivale a la primera votación de investidura en la que un candidato no hubiera obtenido la confianza de la Asamblea”. Excelente. Laguna colmada. ¿Lo aplicamos al caso de autos? No parece tan sencillo. Un pequeño detalle suelen olvidar (supondremos que inocentemente) aquellos que abogan por aplicar esta solución a la (no) investidura de Presidente del Gobierno: el Reglamento de la Asamblea de Madrid impone un plazo de quince días a su Presidente para formalizar la propuesta de candidato. Ningún plazo tiene el Rey para hacer lo propio. Así, lo que realmente dijo el Consejo de Estado es que, transcurridos tales quince días, la imposibilidad de proponer un candidato permite poner en marcha el reloj. La laguna pudo ser colmada con cierta facilidad al contar con este plazo previo específicamente previsto. ¿Aplicable, pues, la solución? Ante la ausencia de un plazo que constriña la labor de consulta del Rey, parece complejo. ¿A partir de qué momento serviría la constatación regia de la imposibilidad de proposición de un candidato como activación de la cuenta atrás? Mucha laguna que colmar.

Dada la evidente dificultad de este camino, se ha planteado otro a mi juicio mucho más razonable: reformar el artículo 99 de la Constitución. El procedimiento, que requeriría mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras, permitiría fijar una regulación clara e inequívoca sobre el asunto. ¿Opciones? Se pueden plantear varias. Una primera podría ser que el plazo empezara a contar desde la constitución del Parlamento (así ocurre en Asturias, por ejemplo). Este modelo tiene la característica de ser rígido: el reloj se activa inexorablemente por un hito igualmente inexorable. Otra opción sería que el plazo arrancara al término de la primera ronda de consultas del Rey. En este caso se abre un panorama más flexible: el Jefe del Estado tiene en su mano convocar las consultas un poco antes o un poco después. Para el debate queda si esta facultad sería conforme al rol constitucional del Rey de mero árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones (en la actualidad el Rey también posee la facultad discrecional de convocar las consultas cuando considere oportuno, pero sin que ello genere las importantes consecuencias jurídicas de las que ahora hablaríamos). Finalmente, quedaría la opción de incorporar expresamente la solución madrileña: imponer al Rey un plazo máximo para operar su propuesta, considerando que el transcurso del mismo sin candidato activa el plazo.

Se escoja el modelo de reforma que se escoja, siempre será infinitamente más saludable que aquella aplicación analógica de un caso que posee, a todas luces, diferencias sustantivas con respecto al que nos ocupa.

Texto publicado en Politikon el 28 de julio de 2016

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